lunes, 28 de septiembre de 2015

El Triángulo de la Gobernabilidad y la Oclocracia Venezolana

El Triángulo de la Gobernabilidad y la Oclocracia Venezolana

Ya anteriormente, me he referido al Triángulo de la Gobernabilidad como la única manera de lograr que una gestión pública de Gobierno sea exitosa, si se llega a garantizar un equilibrio perfecto de los aspectos político, económico y social.  Nuestra crisis actual se origina por el abandono total de dos últimos aspectos y solo tener como prioritario al primero de ellos y en forma errónea.

La importancia para la Revolución Chavista (no quiero decirle Bolivariana porque en otro artículo explicaré porque no hay manera de considerarla de esa forma) siempre ha sido el control político, pero sin hacer una Política de altura, simplemente es conquistar y mantenerse en el poder al más burdo estilo Maquiavélico, aplicando la tesis de que “el fin justifica los medios”, sin darle la menor importancia a los aspectos económico y social.

En cuanto al aspecto social, si llegamos a caer en la tentación de observar la excesiva propaganda gubernamental, podríamos incurrir en el error de creer que este gobierno ha dejado de lado lo económico para concentrarse en lo social en forma eficaz, pero la realidad se nos muestra bien clara, el Gobierno Revolucionario se sostiene de la propaganda, el engaño, unas cuantas migajas y lo más grave, de la esperanza e inocencia de un Pueblo que ha sido limitado hasta en el ejercicio del bien más preciado, la Libertad, pues cada vez somos menos libres y más dependientes de un Estado Paternalista que nos controla como a unas marionetas
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Si vemos objetivamente los resultados en Educación, Seguridad Ciudadana, Seguridad Jurídica, Vivienda, Alimentación, Cultura y Salud podremos comprobar que el énfasis supuestamente colocado en el aspecto social es una gran mentira.  Para no apartarme del tema central de este artículo, posteriormente me referiré a los resultados obtenidos por la Revolución en cada uno de los puntos mencionados.

Algo fundamental en lo político, es quiénes son los llamados a ejercer el poder, y dicho aspecto en Venezuela no es tomado en cuenta, pues siempre el debate está en si las decisiones son de izquierda o de derecha.  Al respecto, en “La Rebelión de las Masas” José Ortega y Gasset nos dice “Ser de izquierda es, como ser de derecha, una de las infinitas maneras que el hombre puede elegir para ser un imbécil: ambas, en efecto, son formas de la hemiplejía moral”.  En ese sentido, considero que las decisiones de gobierno deben ser determinadas por circunstancias de tiempo y lugar, así como las condiciones individuales de los habitantes, y no es lo más eficaz encasillarse en una de las dos tendencias, pues dependiendo de las circunstancias antes dichas, es necesario tomar en algún momento una decisión considerada de derecha, y en otro, de izquierda.

Desde 1999 en Venezuela poco ha importado quien ejerce el Gobierno, por lo que actualmente estamos dirigidos por la peor de las Oclocracias que hemos padecido, dicho término acuñado por Polibio (siglo II AC) no ha trascendido en el tiempo sino en pocos círculos académicos, y proviene de la palabra okhlos, y se refiere a la forma degenerativa de la Democracia, en donde los gobernantes son envueltos por la soberbia y el más vil desprecio por las leyes ejerciendo el poder de forma totalitaria.

En honor a la verdad, la grave situación que padecemos no es solo culpa del actual mandatario, pues fue el anterior Presidente quien, entre otras cosas, expropió más de 1000 empresas, hizo que PDVSA pasara de ser una empresa exitosa y reconocida internacionalmente a tener un estado similar al de una pulpería, aumentó a niveles deficitarios el gasto público, tomó el control del BCV para que se hicieran continuas emisiones de dinero sin respaldo en reservas internacionales y en consecuencia tengamos hoy día la inflación más alta del mundo, y finalmente, dejó como legado el Plan de la Patria como hoja de ruta para los gobiernos de sus “hijos”, proyecto que ni es Plan, ni garantiza Patria, pues aparte de inconstitucional, contiene todo tipo de objetivos absurdos e inaplicables, que en ningún momento responden a las necesidades de los venezolanos.

Venezuela en las próximas elecciones escogerá a los integrantes de la Asamblea Nacional, a los cuales les corresponde definir los destinos de nuestra Nación, y quiero que siempre tengan presente el artículo 201 de la Constitución “Los diputados o diputadas son representantes del pueblo y de los Estados en su conjunto, no sujetos a mandatos ni instrucciones, sino sólo a su conciencia”.  Los que resulten electos tienen el reto más grande de la historia, independientemente de la tendencia política que representen, deben ponerse de acuerdo en función de los intereses nacionales, y no de los intereses individuales o partidistas.

En las manos de los futuros Diputados, está garantizar la solución a los problemas estructurales de nuestro país;  la Inflación, la Corrupción, la Delincuencia, la Educación y el Trabajo, solo dejaremos estar al borde del precipicio si no se desvían de esos 5 principales objetivos, y dan un ejemplo claro de que debemos dejar de lado la intolerancia, lograr la reconciliación de los venezolanos y ejercer un gobierno de consenso.

Otro de los retos políticos que tienen los Diputados es consolidar ese etéreo concepto de Democracia Protagónica y permitir que la Sociedad Civil organizada participe en ciertas decisiones vitales para el equilibrio gubernamental;  los aportes que las Universidades Públicas Autónomas, las Academias, los Colegios Profesionales, las Iglesias, las asociaciones de Empresarios y Trabajadores, puedan hacer en estos momentos de profunda crisis es fundamental, pues ya está suficientemente demostrado que los políticos solos no pueden ser parte de la solución, porque ellos son parte del problema.

Si no garantizamos un real y efectivo “Principio de Autonomía y Separación de Poderes”, poco podremos hacer para que en Venezuela se ejerza el poder con sentido común y apegado a las normas jurídicas.  En ese sentido, hace unos meses propuse un Sistema de Puntos, para la elección de los titulares de los Poderes Judicial, Ciudadano y Electoral, considerando las credenciales académicas del evaluado, obteniendo un punto por cada título universitario obtenido, y otros que sean otorgados  por los diferentes entes que hacen vida pública y social en nuestra nación, cada uno de los cuales, concederá un punto de acuerdo a su criterio: El Poder Ejecutivo Nacional, la totalidad de la Asamblea Nacional (en representación directa del Pueblo), el Poder Judicial, la Iglesia Católica, Fedecámaras, la CTV, y que los siguientes cuerpos colegiados podrían otorgar 1 o 2 puntos a los candidatos: Las Academias Nacionales en conjunto, la reunión de los Colegios Profesionales de Abogados, Periodistas, Médicos, Internacionalistas y Economistas, y el consenso de las Universidades autónomas. Entre todos los postulados, los mencionados Organismos podrán conferir los puntos a cuantas personas consideren capaces.  Luego del conteo público, se nombrarán como titulares de los cargos a los candidatos que hayan resultado preferidos por el universo de evaluadores mencionados, y que sin duda alguna, con este Sistema de Puntos resultaran electas las personas más idóneas para tan vitales cargos.

Finalmente, si no hay un piso jurídico que permita realizar los cambios en cada una de las aristas del Triángulo de la Gobernabilidad, poco podrá hacerse para materializar una situación totalmente distinta en la que nos encontramos.  En ese sentido, muy bien la Asamblea Nacional podrá hacer los cambios constitucionales y legales necesarios para recuperar el control del BCV, controlar la corrupción y la delincuencia, hacer que en nuestro país se den las inversiones necesarias para que haya producción nacional, autoabastecimiento, pleno empleo, se lleve el índice de inflación a niveles aceptables, la sociedad civil ejerza un papel protagónico en la conducción de los destinos de la Nación, exista transparencia en el manejo de los fondos públicos, haya una alternabilidad real en el ejercicio del poder, y se garantice una verdadera autonomía y separación de poderes.


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