Un Estado de Derecho y un Estado de Justicia

Dejando claro el concepto de Democracia en mi artículo anterior de ElColumnero.com y para continuar con los Principios Fundamentales establecidos en el artículo 2 de nuestra Constitución Nacional,  hoy quiero exponerles lo referente a dos conceptos íntimamente relacionados, el Estado de Derecho y el Estado de Justicia.  Ambas nociones también guardan estrecha relación con mi artículo “Venezuela en un Tablero de Ajedrez” donde les manifestaba que entre los llamados a reconstruir el país, a la cabeza debían estar los Jueces de la República quienes son los que tienen el mandato constitucional de ser garantes de La Legalidad y de un concepto más sublime aún, La Justicia.  Si logramos un país con una Justicia realmente imparcial, podremos hacer frente a una buena parte de los problemas que expuse en mi otro artículo “El Pentágono de la Crisis Venezolana”.

La existencia de un Estado de Derecho impone  que la actuación de los funcionarios esté supeditada a lo dispuesto en las distintas normativas jurídicas, bien sean de rango  constitucional, legal o sublegal, pero siempre atendiendo al principio de supremacía constitucional o  respeto a los límites impuestos por la carta magna, que de conformidad a su artículo 7 establece: “La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución”, en consecuencia todo acto o ley que la contraríe es nulo en forma absoluta.

Ahora bien, el hecho de que exista una norma de menor rango que la Constitución y sea contraria a ésta, no quiere decir que no sea de obligatorio cumplimiento, sino que abre la puerta  para que la Sala Constitucional del TSJ declare la inconstitucionalidad de la misma y por ende su nulidad, o que los demás Tribunales de la República procedan a su desaplicación.  Es allí donde entra en juego el sistema de controles y contrapesos propuesto por Montesquieu, con su principio de Autonomía y Separación de los Poderes y del cual también hice referencia en mi artículo anterior.  Si no hay instituciones independientes, se incurrirá en abusos de poder, pues el órgano responsable de dictar las leyes, podrá desarrollar su contenido incluso de forma discrecional, con la connivencia de los órganos jurisdiccionales quienes deberían ser los  encargados de controlar sus excesos, y se terminen promulgando normas inconstitucionales, seguramente injustas, pero investidas de la presunción de validez que arropa a toda norma jurídica.

Como decía, en principio toda norma es de obligatorio cumplimiento hasta que la máxima autoridad judicial autorice su desconocimiento, no obstante, allí se pone en escena el otro postulado de los principios fundamentales establecidos en la Constitución, el de un Estado de Justicia, ya que puede haber muchas normas jurídicas que den la ilusión que exista un Estado de Derecho, pero esas normas necesariamente deben ser “justas”.  Nuevamente es protagonista la estructura jurisdiccional, porque si de los órganos legislativos dimana una ley inconstitucional, y en consecuencia pareciera que injusta, los tribunales de menor jerarquía no necesitan esperar a que la Sala Constitucional del TSJ ejerza el control concentrado de la Constitución decretando la nulidad de esa ley.  Esto es posible, ya que existe el mecanismo del control difuso previsto en el artículo 334 de la Constitución, que establece:  “Todos los jueces o juezas de la República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de esta Constitución.  En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aún de oficio, decidir lo conducente.”

Finalmente, para que nuestra sociedad sea justa debemos tener en cuenta las enseñanzas de teóricos y sabios de la humanidad que han discernido sobre el concepto de Justicia.  En ese sentido, Platón en su obra “La República”, nos decía que los gobernantes deben transformarse en los individuos más justos y sabios, o sea en filósofos; o bien, los individuos más justos y sabios de la comunidad, es decir, los filósofos, deben transformarse en sus gobernantes;  es por ello que en artículos anteriores hice el planteamiento sobre la necesidad que Venezuela sea gobernada por una Aristocracia del Pensamiento, para salir del atolladero en que está.  En la antigua Roma, ya el jurista Ulpiano nos decía de la Justicia:   Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi; “La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar (conceder) a cada uno su derecho”. Los derechos son: “honeste vivere, alterum non laedere et suum quique tribuere”… “vive honestamente, no hagas daño a nadie y da a cada uno lo suyo”.

En ese orden de ideas, más recientemente John Rawls nos define la justicia como equidad, que consiste básicamente en los principios de diferenciación, igual libertad y justa igualdad de oportunidades;  para ello nos pone un ejemplo de cómo tener leyes justas, nos pide que imaginemos ser miembros disimiles de un consejo compuesto por personas de todos los estratos sociales, niveles educativos y capacidades económicas, que vamos a elaborar todas las leyes de nuestra futura sociedad.    Para que el ejemplo tenga sentido, ese consejo debe evaluar absolutamente todo, pues nada más haber llegado al acuerdo y  firmado las leyes morirían, pero después volverían inmediatamente a despertarse en esa sociedad para la que elaboraron las leyes, sin tener la más leve idea del lugar que ocuparían nuevamente.  El punto clave de ese proceso de gestación y nacimiento de las leyes, es que las mismas deben ser elaboradas imparcialmente por los encargados de ello y sin beneficiar a ningún destinatario en particular, ya que las leyes deben ser iguales para todos.   Sólo haciendo leyes con esa premisa, podrá surgir una sociedad justa  de «hombres iguales», y cumplir con las premisas fundamentales establecidas en nuestra Constitución Nacional, para que finalmente podamos consolidar un Estado Democrático, Social, de Derecho y de Justicia para nuestra amada Venezuela.