El déficit fiscal que sufrimos en los actuales momentos se produce principalmente por dos factores, el primero es el exceso de gasto y el segundo es la merma en los ingresos. Al volvernos cada vez más dependientes de la renta petrolera, la caída de los precios afecta de manera directa nuestras finanzas públicas, y como ese elemento no depende de nosotros sino del mercado, el déficit debemos controlarlo por la vía del otro factor, la reducción del gasto. No podemos seguir posponiendo el control del gasto, porque la caída del precio del barril de petróleo puede mantenerse por muchos años más, recordemos que quien ha fijado esos precios es Arabia Saudita, país con la mayor cuota petrolera de la OPEP, y su interés principal es llevar a la bancarrota a las empresas que en Estados Unidos comenzaron a explotar el petróleo de esquistos, y dicho proceso puede durar unos cuantos años más.
El Gasto Público podemos controlarlo con tres decisiones gubernamentales. La primera es la transferencia de empleados públicos al sector privado, la segunda es rediseñar la Gran Misión Vivienda Venezuela y la tercera es lograr que funciones de carácter social pudieran compartirse con el sector privado, como Salud y Educación.
La transferencia de empleados públicos al sector privado puede materializarse con la creación de la Oficina Nacional de Empleo, ente gubernamental del cual me referí en el mes de agosto en mi blog, y que permitiría darle un respiro al presupuesto, debido al exceso de personal en tantos ministerios y demás entes públicos recién creados. Para motivar a las personas a dar ese paso, se debe ofrecer la liquidación inmediata de las prestaciones sociales a los que demuestren que migran de un sector a otro con la creación de un fondo especial para tal fin, y para el caso de las personas que tengan pocos años para obtener al derecho a la jubilación, pudiese dársele el beneficio por adelantado. Obviamente van a quedar muchas vacantes en la administración pública, pero hay que partir de un hecho cierto, y es que esa nómina se ha abultado innecesariamente, ya que se han contratado personas que no tienen la capacidad para ejercer los cargos y se ha hecho el ingreso de muchos familiares en forma ilegal. La función pública debe estar reservada para las personas más eficientes, responsables y honestas del país, que pasen de ser “funcionarios públicos” a “servidores públicos”. Gente que se contrate por sus credenciales académicas, experiencia laboral y otros méritos, y no por fidelidad a un partido, proceso o tendencia política. Las oficinas públicas deben dejar de ser apéndices de casas de partido, con personas utilizadas para ir a marchas y actos de todo tipo, y convertirse en el lugar donde los ciudadanos acuden a resolver sus problemas con eficiencia y sean atendidos con la mayor diligencia.
En cuanto al rediseño de la Gran Misión Vivienda Venezuela, prefiero posteriormente dedicarle otras líneas para no hacer las presentes tan extensas, sólo quiero reconfirmar la necesidad de ello, pues la inversión que se requiere por parte del Estado es muy cuantiosa, y favorecer a un pequeño porcentaje de personas por hacerlo de manera errónea, ha ocasionado el empobrecimiento general de una gran mayoría, por la equivocada estrategia de devaluar la moneda para obtener los fondos para lograr los objetivos de esa misión y que solo han logrado que el poder adquisitivo del bolívar sea cada vez menor.
La tercera estrategia para reducir el Gasto Público corresponde a la promoción por parte del Estado de políticas que permitan que dos actividades de carácter social como la Educación y la Salud sean asumidas en forma corresponsable por los particulares, como de hecho funciona desde hace mucho tiempo, pero que hay que incrementar. Cualquiera pudiera pensar que eso significa una privatización, y ese no es el fin de la propuesta. Lo que ha pasado recientemente es que la gente se ha empobrecido, y la clase media ha tendido a desaparecer, un estado es más eficiente en sus políticas si hace que la gente en vez de empobrecerse, hace que la clase media aumente, y tenga los medios económicos para que pueda pagarle a sus hijos la educación en una institución privada, pueda costear una póliza de Hcm y tener acceso a la salud en clínicas privadas. Llevando cada vez a más personas a la clase media, la salud y educación pública, estarían reservadas como debe ser, para las clases más populares, es decir, para aquellos que realmente no tendrían acceso por sus propios medios a esos servicios. El Estado solo debería encargarse de una estricta supervisión de los particulares que se dediquen a dichas actividades. La justificación de esta medida no obedece solamente a las del tipo económico, sino a las de calidad en la prestación del servicio, son conocidas públicamente estadísticas que indican que las clínicas, con menos de la mitad de la infraestructura instalada en comparación con la de los hospitales, atienden a un 53% de la población. En las universidades los activistas se quejan que la mayoría de los estudiantes provienen de liceos privados y no de los públicos, y la razón es muy sencilla, los estudiantes que provienen de la educación privada salen mejor preparados.
Si queremos que nuestro país salga de la crisis la solución no es seguir estatizando, hay que reducir el tamaño del Estado para que sea más eficiente, y compartir funciones y actividades con los particulares para que entre todos se sumen esfuerzos en construir una nueva Venezuela.
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