El Estado Venezolano, Socio Universal de cada Empresa, ¿para qué expropiar?

Debido a los efectos de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, el Estado Venezolano se convierte en el socio de cada empresa que funciona en el país, y más aún, de cada persona natural que obtenga ganancias dentro del territorio venezolano, sin llegar a considerar si está domiciliada acá o en el extranjero, lo que importa es la territorialidad o lugar geográfico en donde se produjo la actividad generadora de esas rentas.

En ese sentido, debemos considerar en primer lugar, que no hay distinción, todos los que obtengan ganancias están obligados al aporte de ese tributo; en segundo lugar, el porcentaje de participación no es para nada despreciable, el Tesoro Nacional dependiendo de la magnitud de las ganancias, recibe aportes que van del 6 al 34% si son personas naturales, para las personas jurídicas 15, 22 o 34%, y si la actividad es de hidrocarburos o minas se eleva a un 50 o 60% el impuesto.

Además en tercer lugar, es un socio que está en gran ventaja con respecto a los contribuyentes, ya que sólo participa de esa asociación práctica si obtiene ganancias, pero no si hay pérdidas, ya que si estas llegaren a ocurrir sólo el contribuyente se ve perjudicado por tal situación.

En conclusión, qué sentido tiene expropiar empresas que en la mayoría de las ocasiones terminan siendo ineficientes y generando pérdidas, sostenidas a veces por el otorgamiento de créditos adicionales del presupuesto público, cuando es preferible que estén en manos de particulares, y por ende, mejor administradas y con una buena gerencia que garantice la obtención de ganancias, y de las cuales obligatoriamente el Estado, gracias a la Ley de Impuesto sobre la Renta, indefectiblemente tendrá participación.

Por otro lado, cuando el Estado se hace empresario, las unidades económicas que administra terminan convirtiéndose en las mayores incumplidoras de los derechos y reivindicaciones laborales de los trabajadores a su cargo, ya que entes que deberían salvaguardar esos derechos como las Inspectorías del Trabajo se vuelven inoperantes cuando el patrono es la administración pública, no cumpliendo con su función natural de garantizar los derechos de los trabajadores, convirtiendo en un mito aquello que es mejor ser empleado público que privado.

Con esto, no se plantea una política neoliberal de privatización generalizada, ya que hay actividades de carácter estratégico que deben permanecer en manos del Estado, pero si hay que lograr un cambio radical en la masiva estatización de tantos sectores de la economía, que sólo han degenerado en corrupción, ineficiencia y un enorme gasto público, que producen un inmanejable déficit fiscal que afecta sin distinción a todos los ciudadanos del país, cuando en la práctica a todas luces, es más beneficioso para la sociedad que esa gran cantidad de actividades económicas estén en manos de particulares, generando ganancias y en forma automática tributos, los cuales se han de revertir a la sociedad en forma de obras sociales.